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Existen diferentes enfoques teóricos sobre cómo funciona la sociedad. La economía, por ejemplo, explica el papel que desempeñan los individuos, las clases sociales y las instituciones. Desde esta disciplina, la justicia social está relacionada con la producción y distribución de la riqueza. En el Día Mundial de la Justicia Social, los investigadores Ricardo Macip Ríos, Germán Sánchez Daza y Rafael Sánchez Vázquez coinciden en la necesidad de una mejor distribución del ingreso y mayor inversión en educación, salud y vivienda para alcanzar esta aspiración constitucional.
Al citar el reciente informe anual sobre la desigualdad a nivel mundial, publicado por Oxfam, confederación internacional formada por 17 países, Germán Sánchez Daza, investigador de la Facultad de Economía, señaló que en 2019 los 2 mil 153 milmillonarios que hay en el planeta poseían más riqueza que los 4 mil 600 millones de personas, es decir más de la mitad de la población mundial. Datos del Banco Mundial, a su vez, muestran que prácticamente la mitad de la población global vive con menos de 5.5 dólares al día.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) dio a conocer que en el mundo hay cerca de 820 millones de personas que padecen hambre, lo que representa más del 10 por ciento de la población; mientras que en México el 8.9 por ciento de las personas sufre de esta situación y el 28 por ciento padece lo que se conoce como inseguridad alimentaria.
Por otro lado, datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social muestran que el 7.4 por ciento de los mexicanos (9.3 millones de personas) vive en pobreza extrema y el 41.9 por ciento (52.4 millones) en situación de pobreza.
“Si hablamos desde el punto de vista de la distribución de la riqueza y del ingreso, encontramos que hay una injusticia tremenda, tanto a nivel mundial como en México. Ante ello, algunos economistas propusieron una postura hacia la mejor distribución, lo que derivó en políticas sociales y económicas, como mayor impuesto a los ricos”, señaló Sánchez Daza, doctor en Economía por la UNAM.
Agregó que se hace mucha alusión al Estado de Bienestar que predominó en los países desarrollados en la época de la posguerra, cuando se logró un crecimiento parejo de los sueldos y las ganancias; sin embargo, esto hizo crisis en los años setentas y se impuso el neoliberalismo, lo que polarizó dicha distribución.
“El neoliberalismo y la teoría económica establecen que el ingreso es correspondiente al nivel de productividad, pero eso es falso porque al revisar las estadísticas las ganancias van en aumento, pero no los salarios”.
El reporte de Oxfam también muestra que entre 2011 y 2017, en los países del G7, los más ricos, crecieron los salarios en 3 por ciento, pero los dividendos y las ganancias de las acciones crecieron 31 por ciento, lo cual no va de acuerdo con la teoría económica. “En el caso de México, la productividad ha crecido, pero a los trabajadores no se les reconoce su trabajo y las formas de medir esta productividad no son las adecuadas; las grandes empresas, por su parte, ganan cada vez más”.
Los gobiernos populares o de izquierda buscan una mejor distribución del ingreso, mediante la mejora de impuestos, la reducción de gastos superfluos del Estado y su orientación hacia la política social, los cuales son esfuerzos importantes, pero el problema no solo está en la distribución, sino en quién lleva a cabo la producción y quién se la apropia, explicó el especialista en temas laborales y cambio tecnológico.
En su opinión, dichos gobiernos tienen el reto de que una vez que terminen sus gestiones garanticen la continuidad de propuestas que impulsen una democracia parlamentaria como elemento sustancial, el trabajo comunitario, relaciones laborales más equitativas, el reconocimiento del otro, etcétera, que no han logrado integrarse en un movimiento que desemboque en una transformación profunda. “Las posibilidades están ahí, la cuestión es si las sociedades pueden identificarse y llevarlas a cabo”.
La justicia social: alternativa racional y comprometida para generar mejores oportunidades
Para Rafael Sánchez Vázquez, profesor investigador de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, hablar de justicia social es reconocer la existencia de la pobreza material en la que viven muchos seres humanos en una sociedad humana heterogénea y asimétrica, en la cual un grupo reducido tiene la acumulación de la riqueza.
La justicia social es una alternativa racional y comprometida solidariamente para generar más y mejores oportunidades con los sectores de la sociedad más desprotegida, refirió.
“Hace 37 años en México nos dijeron que estábamos pobres por gobiernos populistas y proteccionistas y que era necesario cambiar el modelo de economía social por un modelo de política económica neoliberal; sin embargo, no se logró la distribución del ingreso y la riqueza, ya que actualmente más de 80 millones de compatriotas tienen problemas económicos y deficiencias en las ofertas educativas, en la seguridad social y en la salud”, afirmó.
El autor de Ensayos jurídicos políticos lamentó que se han desarrollado y aplicado políticas económicas neoliberales que van en contra de la sociedad, bajo los esquemas del pragmatismo, utilitarismo e individualismo, presentes en las relaciones sociales.
Sumado a ello, citó la falta de planeación demográfica. El índice de natalidad de los países pobres es más alto y la falta de políticas de planeación demográfica hará que para el 2050 muchas de estas naciones pobres dupliquen su población, de ahí la necesidad de establecer políticas públicas interdisciplinarias y transdiciplinarias que permitan la despenalización del aborto consentido, como un ejercicio de la autonomía y voluntad de las parejas.
En pleno siglo XXI se arrastran viejos males, como el analfabetismo, desnutrición, fanatismo, desfase con el desarrollo científico, tecnológico y humanístico; ambiciones materiales desmedidas de unos cuantos, en contra de los amplios sectores de la sociedad, desigualdad en el ingreso y en la riqueza material, además de corrupción, impunidad, ineficacia, desempleo, subempleo, falta de oportunidades de desarrollo. Estos factores y sus asimetrías generan muchas de las conductas antisociales que actualmente se viven en todo el mundo, subrayó.
Ante este panorama, opinó que la educación “nos permitirá tener un proyecto de vida para un mejor mañana. Consecuentemente estamos obligados a regresar a los valores de la solidaridad, más que por benevolencia humana, por la convivencia de sobrevivir mediante un mínimo de bienestar que garantice el respeto a la dignidad humana”.
Asimismo, Sánchez Vázquez, doctor en Derecho por la UNAM, puntualizó que la justicia social, además de atender el bienestar económico, significa vivir y convivir en armonía, respeto, tolerancia y sobre todo en reestablecer la solidaridad para lograr mayores condiciones de vida para las grandes mayorías que carecen de los mínimos vitales: educación gratuita, obligatoria y laica; vivienda y salud, a fin de fortalecer el Estado Social de Derecho Democrático.
Necesaria una inversión estatal relevante en salud, educación y vivienda
Ricardo Macip Ríos, profesor investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego”, afirmó que México se ha caracterizado por ser uno de los países más desiguales en el mundo, en donde existe una gran disparidad e injusticia entre grupos sociales.
“Existe una discusión histórica acerca de si todo esto es producto de las estructuras coloniales que no fueron desmontadas y si sobre estas se han generado nuevas formas de injusticia, desigualdad y explotación que hacen más complicado el ideal de una sociedad en donde todos los ciudadanos tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades de movilidad social y para el desarrollo de sus capacidades”, planteó.
Con respecto a qué medidas deberían implementarse en México para comenzar a reducir los niveles de desigualdad, el doctor en Antropología Cultural por The New School for Social Research, en Nueva York, mencionó que es necesaria una inversión estatal relevante en indicadores básicos como salud, educación y vivienda, así como un acuerdo político de mayorías.
Históricamente –dijo-, la única herramienta legítima del Estado es la educación, la cual permite, en términos ideales, la movilidad social y que los individuos no sean rehenes de la tradición o de las estructuras regionales, por lo que se debe invertir muy fuerte en esta.
“No es que no sepamos que hacer como sociedad, ya que no hay escasez de diagnósticos, ni de identificación de las políticas, ni de propuestas, la cuestión radica en la implementación de estas, ya que hay ciertas estructuras y formas establecidas, así como con ciertos grupos sociales interesados en descarrilar dichas propuestas”, consideró.
Mientras México continúe siendo uno de los países con mayor desigualdad del planeta, con más de 60 millones de habitantes en pobreza y pobreza extrema, para quienes no existen programas y reformas estructurales para romper el ciclo vicioso, los mexicanos no habremos alcanzado una de las aspiraciones más legítimas que guiaron los ideales de los constituyentes: la justicia social.
