La declaratoria se da a dos semanas de que el pleno del Congreso validó el cambio en la Constitución y que el partido Morena consideró que servirá para blindar la eventual llegada de Martha Erika Alonso Hidalgo a la gubernatura.

Durante la lectura de la declaratoria del decreto, Víctor León Castañeda, secretario de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, informó que de los 217 ayuntamientos sólo 147 aprobaron la reforma; los cabildos de Libres y San Pedro Cholula se manifestaron en contra y 68 no se pronunciaron.

La reforma al artículo 75 señala que: “El Gobernador, al tomar posesión de su cargo, protestará ante el Congreso o ante la Comisión Permanente, en los recesos de aquél. En caso de que por cualquier circunstancia, el gobernador no pudiera rendir protesta ante el Congreso o ante la Comisión Permanente, lo hará de inmediato ante el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado”.

La modificación a la Constitución fue justificada por los diputados del PAN y PRD, entre ellos Francisco Rodríguez Álvarez, quien manifestó que el cambio es una “homologación” con la Carta Magna, la cual prevé que la toma de protesta del presidente de la República puede darse, además del Congreso de la Unión, ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Tras la declaratoria de constitucionalidad y la publicación de la reforma en el Periódico Oficial del Estado, la reforma entrará en vigor y permitirá que el 14 de diciembre la toma de protesta del nuevo jefe del Ejecutivo pueda darse ante el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), posición que ocupa Héctor Sánchez Sánchez, magistrado cercano al gobernador Antonio Gali Fayad.

En caso de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratifique el triunfo de Alonso Hidalgo, la panista podrá presentarse ante el TSJ y no ante la LX Legislatura, la cual se instalará el 15 de septiembre y contará con mayoría de diputados de Morena, Encuentro Social y PT.