En sesión virtual la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió las medidas cautelares solicitadas por María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, candidata a gobernadora postulada por la coalición Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo y el partido Morena, en contra del partido Movimiento Ciudadano (MC) y su candidato al mismo cargo de elección popular, José Luis Pech Várguez, derivado de la presunta difusión de propaganda calumniosa, así como por posible desacato al acuerdo ACQyD-INE-81/2022.

El colegiado declaró improcedente la medida cautelar solicitada al considerar que, preliminarmente, no se advierte en el spot QUINTANA ROO 3 en sus versiones para radio y televisión, propaganda calumniosa con impacto en el proceso electoral local que actualmente se celebra en Quintana Roo.

La Comisión consideró que, en principio, no se advierte la imputación de hechos o delitos falsos, puesto que las imágenes y frases que integran el promocional corresponden en principio al punto de vista, crítica y señalamientos del emisor, en torno a cuestiones del ámbito público, los cuales están amparados en la libertad de expresión.

En cuanto al desacato, contrario al caso del acuerdo mencionado, en el presente caso, desde una óptica preliminar, no se colman los elementos para considerar que la frase “…traición es usar a MORENA y al Presidente para llevarse el dinero del pueblo, Mara es traición”, es una frase genérica que no implica la imputación de un hecho o acto delictivo. 

En ese sentido, si bien en el material denunciado refiere que “traición sería cerrar los ojos a la corrupción de Mara” y “Mara es una traición”, así como “Traición es enriquecerse de la noche a la mañana”, “Traición es mal gobernar Cancún y dejarlo peor que nunca” o “Traición, cuidar los intereses del niño verde”, se trata de manifestaciones genéricas que no están vinculadas con un hecho en concreto, es decir no existe un vínculo entre la expresión y la imputación de la comisión de un delito, por lo que no hay algún tipo de manifestación que ligue de forma directa y necesaria a la persona a la que se critica con la comisión de un delito. 

El proyecto fue aprobado por unanimidad de votos de la Consejera Claudia Zavala y del Consejero Ciro Murayama, así como de la Consejera Adriana Favela, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias.

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