El Instituto Nacional Electoral (INE), a través de la Unidad Técnica de Fiscalización, identificó gastos durante el proceso de Revocación de Mandato, vinculados con los partidos políticos a través de publicidad, los cuales no están permitidos por la normativa vigente aplicable. 

De ello da cuenta el Informe sobre los gastos realizados por los partidos políticos, así como de las actividades de fiscalización en la Revocación de Mandato, el cual fue del conocimiento del Consejo General durante la sesión ordinaria de este día.

El Consejero Jaime Rivera, presidente de la Comisión de Fiscalización, precisó que éste es un informe de hallazgos, “no es concluyente y, en este momento al menos, no resulta vinculante. Es descriptivo de la actividad desplegada por la Unidad Técnica de Fiscalización porque no se determinan responsabilidades ni se impone sanción política”.

“Repito, son los resultados de observación, monitoreo y, en su caso, solicitudes, emplazamientos de información para establecer hechos. De estos hechos podrían derivarse algunas conductas que probablemente constituyan infracciones a la normatividad para este proceso de participación ciudadana, pero eso no se desprende del informe mismo”, estableció.

Además, recordó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuando declaró concluido el proceso de Revocación de Mandato, ordenó al INE y a la Sala Especializada “continuar los procedimientos iniciados y, en su caso, investigar hechos que pudieran constituir infracciones a la ley en la materia”.

El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, agradeció a la Comisión de Fiscalización la presentación de este informe y recordó que “no está haciendo nada más que atender los mandatos que le ha dado este Consejo General”.

Córdova diferenció que una cosa son los hallazgos y otra cosa es la imposición de sanciones. “Estoy seguro que los partidos que se apegaron a la ley, como siempre ha ocurrido, no serán objeto de sanciones; si hubo algún actor político que no se apegó a la ley, como siempre ha ocurrido también, va a ser objeto de sanciones en los términos de la Constitución y de la ley”.

Pero, aclaró, ése no es el momento del que estamos hablando. “Este es un informe en el que se presentan hallazgos y que se presentan justamente, el corte de caja, conforme a los lineamientos que han sido validados por el Tribunal Electoral”.

Informe sólo da cuenta de hallazgos

En su oportunidad, la Consejera Carla Humphrey expuso que en este informe “si bien se tiene evidencia de conductas que podrían constituir infracciones a la normatividad y que, de acreditarse, ameritarían la imposición de alguna sanción, en este momento no se hace pronunciamiento alguno, sino únicamente se da cuenta del hallazgo”.

Además, se pronunció a favor de “la propuesta que se presenta en el informe de que las irregularidades y demás infracciones que se detecten concluyan su análisis, no hasta la fiscalización de los informes anuales, pues ello implicaría una demora excesiva y pérdida del sentido de oportunidad”.

Se podrán instaurar líneas de investigación sobre hechos contrarios a la normativa

El Consejero Martín Faz destacó el trabajo de investigación realizado por la Unidad Técnica de Fiscalización “a partir del cual se desprenden distintos hallazgos que nos permiten instaurar distintas líneas de investigación sobre hechos posiblemente contrarios a la normativa electoral”.

Sin embargo, rechazó la inclusión de apreciaciones valorativas en la relatoría de los hallazgos encontrados, ya que consideró que este informe debe ser meramente descriptivo. “Éste no es el documento idóneo para concluirse a las respuestas de los partidos otorgadas a los oficios de errores y omisiones enviados por la autoridad, porque no se trata de un dictamen anticipado”, apuntó.

Ejercicios democráticos no pueden ser puerta trasera para el dinero opaco

Por su parte, el Consejero Ciro Murayama criticó que “estos ejercicios democráticos sirvan para abrir la puerta al dinero opaco en la política, porque los partidos tienen una serie de responsabilidades de rendición de cuentas que no tienen los concesionarios de empresas de espectaculares, ni las asociaciones civiles que se constituyen para impulsar estas actividades”.

“Los ejercicios de democracia directa no pueden ser la puerta trasera para la opacidad del dinero en la política, ni para la corrupción financiera”, insistió.

INE nunca renunció a la atribución de abrir procedimientos oficiosos

El Consejero José Roberto Ruiz negó que el Consejo General haya renunciado a la posibilidad o atribución de abrir procedimientos oficiosos, ya que “siempre están expeditos en materia de fiscalización y en otras materias”.

“Parece que se acusa a este órgano máximo de dirección de tomar una decisión como si estuviera impedido para tomarla. Está expedito el derecho en todo momento de actuar por la vía de procedimientos oficiosos”, dejó en claro.

La SCJN mandató que los partidos políticos no tenían permitido hacer gastos 

Por su parte, la Consejera Claudia Zavala llamó a no obviar el contexto del modelo para la revisión de los gastos, “porque evidentemente cuando nosotros iniciamos con la regulación lo que teníamos claro es que había una permisión legal para los partidos políticos -para hacer gastos-. ¿Qué fue lo que aconteció? Que la Suprema Corte de Justicia al definir la acción de inconstitucionalidad lo que dijo es que -los partidos políticos- no lo tenían permitido”, puntualizó.

En un principio, recordó, los partidos políticos podían hacer gastos porque así lo decía la ley y los lineamientos de Revocación de Mandato y por eso se iba a la revisión del informe final. “Cuando la Suprema Corte definió que no, me parece que es un corte y entonces entramos en este proceso de situaciones de hecho”, señaló al manifestar su acuerdo con el informe presentado.