El pasado 12 de febrero de 2024, el INE y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, del Gobierno Federal, firmaron un convenio con el objetivo de establecer las bases generales de coordinación y colaboración, conforme a sus respectivos ámbitos de competencia, para la implementación de acciones necesarias para que las personas que se encuentren en prisión preventiva en centros penitenciarios ejerzan su derecho a votar en el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024.

A nivel local, el INE aún realiza gestiones con los gobiernos de Coahuila, Veracruz y Yucatán, entidades donde no se ha podido concretar la colaboración para garantizar estos derechos a personas detenidas de forma preventiva en centros penitenciarios administrados por gobiernos estatales, en aquellos lugares en los que se cumplan condiciones de seguridad e infraestructura.

Cabe mencionar que en noviembre de 2023, el Consejo General del INE emitió los Lineamientos sobre Voto de Personas en Prisión Preventiva para el proceso electoral en curso, conforme a los cuales estas personas podrán votar por la Presidencia de la República, mientras que el voto para cargos locales se implementará sólo en las entidades cuyas legislaciones prevean ese derecho.

Por lo tanto, la determinación de la autoridad electoral, confirmada por sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el pasado 7 de febrero de este año, garantiza el derecho al voto para las personas en prisión preventiva para la elección presidencial de 2024 en aquellos centros penitenciarios en que existan condiciones de seguridad e infraestructura para su implementación.

Asimismo, en lo que concierne a las elecciones locales, solamente se llevará a cabo este voto para las personas en prisión preventiva en las entidades que ya legislaron esta modalidad de sufragio.

La sentencia del TEPJF destaca que lograr que las personas que se encuentran en prisión preventiva puedan ejercer su derecho a votar implica la intervención de múltiples autoridades, de ahí que debe existir una participación proactiva y coordinada para lograr que se concrete el ejercicio de este derecho.