WASHINGTON DC — El creciente número de personas que migran para buscar protección en países seguros, Estados Unidos como destino principal para escapar de redes de crimen organizado, pandillas, e incluso de persecución de agentes de estado en algunos “gobiernos autoritarios” en la región centroamericana es una realidad “que no se puede obviar”.

Es la conclusión de un equipo de expertos convocado por el Instituto de Políticas Migratorias (MPI). Los especialistas en temas como derechos humanos y migraciones compartieron sus valoraciones este martes luego de presentar el informe de la institución sobre “Vías humanitarias para personas centroamericanas, evaluando oportunidades para el futuro”.

El informe considera que “activar el reasentamiento de refugiados y otras vías de protección para los centroamericanos puede ser un desafío, pero los legisladores de EEUU, Canadá y otros países deberían considerarlo (para que tenga mayor alcance)… El proceso de reasentamiento de personas refugiadas ha sido un mecanismo utilizado de manera limitada para atender las necesidades de protección que existen en la región”, reza el estudio.

El reasentamiento se considera una forma de ubicar a una persona que está en peligro con el traslado a un sitio de protección, esto -según explicaron-, se debería lograr dentro de los países, pero en muchos casos las víctimas no gozan de esa seguridad, por lo que agencias internacionales como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) deben ponerse en acción.

Los procesos varían desde peticiones de protección en puntos fronterizos, bajo figura de asilo, o con la creación de centros de protección por ACNUR con apoyo de gobiernos y organizaciones de la sociedad civil.