BUENOS AIRES, Argentina – El mayor tribunal penal de Argentina ratificó el miércoles la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta impuesta en 2022 a la expresidenta Cristina Fernández, lo que no afecta de lleno a quien es considerada la principal figura política de las últimas dos décadas en el país sudamericano.

El fallo no implica que la también exvicepresidenta (2019-2023) y titular del peronismo pierda su libertad o deba abstenerse de aspirar a un cargo público en los meses venideros, ya que tiene previsto apelar el fallo ante la Corte Suprema, que puede tardar años en pronunciarse.

Pocos minutos antes de que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal diera a conocer su resolución, Fernández, de 71 años, había difundido un video en X, antes Twitter, en el que anunció que se dirigía a una localidad a las afueras de Buenos Aires para “compartir una actividad” con 400 mujeres. La exmandataria terminó su mensaje tirando un beso al aire.

Luego, durante el acto al que asistió, señaló que es víctima de una persecución política y judicial y que se ensañan con ella por ser mujer. Dijo que “como no me pueden dar un piña (golpe) hacen lo que hicieron hoy”.

Fernández fue condenada en 2022 a seis años de cárcel por un tribunal federal por el delito de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.

El tribunal consideró que cometió un fraude millonario al Estado mediante la asignación irregular de obras públicas en la provincia sureña de Santa Cruz a un empresario allegado durante su mandato presidencial (2007-2015). La entonces vicepresidenta consideró por su lado que fue víctima de una persecución judicial orquestada por opositores para sacarla del escenario político.

El empresario de la construcción Lázaro Báez y ocho exfuncionarios del gobierno nacional y provincial también fueron sentenciados a cumplir distintas penas de cárcel. Báez ya había sido condenado previamente por enriquecimiento ilícito.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó ahora esas sentencias en una audiencia que tuvo lugar en la sede de los tribunales federales en Buenos Aires, a la cual Fernández y los otros condenados no asistieron.

Por otro lado la cámara ratificó la absolución del exministro de Planificación Federal, Julio De Vido.

EXPRESIONES A FAVOR Y EN CONTRA DEL FALLO CONTRA CFK

En las inmediaciones, militantes del kirchnerismo —la corriente de centroizquierda del peronismo que tiene a la exmandataria como referente— se manifestaron en contra de lo que consideran un ejemplo del “lawfare” o uso de los mecanismos del sistema de justicia para destruir a personalidades políticas.

El fallo fue celebrado por el ultraderechista presidente argentino Javier Milei. En su cuenta de X, antes Twitter, el líder de la Libertad Avanza, quien asumió el poder en diciembre y es un antikirchnerista acérrimo, dijo “Todo llega”.

“Recuerdo que en la campaña fuimos criticados por no expedirnos sobre la culpabilidad de Cristina Fernández… Bueno, en el día de hoy (durante este gobierno) la justicia argentina confirmó la condena e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos de la expresidente. Hoy podemos afirmar sin ninguna duda que Cristina Fernández de Kirchner es culpable de actos de corrupción”, afirmó el mandatario.

La decisión de la Cámara se basó en parte en la firma de un decreto por parte de Fernández que modificó un fideicomiso para el manejo de los fondos de la obra pública y su larga relación comercial con Báez.

En el caso de que la Corte Suprema ratifique la condena a Fernández, podría cumplirla en su casa por tener más de 70 años.

La exmandataria se expresó en contra de la sentencia y apuntó contra los jueces del tribunal federal que la condenaron hace dos años así como con los de la Cámara Federal de Casación Penal vinculándolos con el conservador expresidente Mauricio Macri (2015-2019), su sucesor en el cargo y quien, en su opinión, estuvo detrás de la investigación judicial en su contra.

En un escrito difundido en sus redes sociales en el que asumió que la sentencia en su contra iba a ser confirmada, la dirigente peronista apuntó que el delito de administración fraudulenta en relación con las obras viales nunca pudo haberlo cometido como presidenta.

Al respecto señaló que ese medio centenar de obras realizadas por la empresa de Báez fueron “aprobadas por el Parlamento en los presupuestos nacionales, licitadas, ejecutadas y pagadas por el gobierno de la provincia de Santa Cruz y aprobada su rendición de cuentas por la Auditoría General de la Nación y el Congreso de la Nación desde 2003 al 2015”.

La expresidenta ha dado señales de que busca convertirse en una referente de la oposición. Pocos días atrás, la junta electoral del Partido Justicialista (peronista) la proclamó como nueva presidenta de esa fuerza a nivel nacional, cargo que asumirá el 17 de noviembre.

Fernández ha expresado que busca “enderezar” a la fuerza opositora, que sufrió un fuerte traspié con la derrota de su candidato presidencial Sergio Massa ante Milei en las elecciones de noviembre de 2023.

De esa forma manifestó que sigue en competencia en el escenario político, lo que podría incluir su postulación para el cargo de diputada o senadora en las elecciones legislativas del 2025, que funcionarán como una suerte de prueba para el mandatario ultraliberal.

Fernández enfrenta otras causas judiciales: una cámara federal ordenó juzgarla como presunta responsable del encubrimiento de los exfuncionarios iraníes acusados por la justicia argentina del cruento atentado en 1994 contra un centro judío a partir de la firma en 2013 de un memorando de entendimiento con Irán.

Además ordenó que sea investigada por presunto “lavado de dinero” a partir del uso que le dio a hoteles y propiedades de alquiler de su familia.