Después de casi un mes de suspensión de labores, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que los juzgados federales retomarán sus actividades el lunes 23 de septiembre. La suspensión se había dictado como parte de las protestas del Poder Judicial de la Federación (PJF) contra la reforma que establece la elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mediante voto popular.

La reforma, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue aprobada por el Congreso mexicano y entró en vigor el 16 de septiembre. Tras su aprobación, los juzgados decidieron, por mayoría de votos (cinco a dos), reanudar sus actividades jurisdiccionales. El CJF anunció la resolución en una circular pública y también convocó a una mesa de trabajo con la Asociación de Jueces y Magistrados del PJF (Jufed), que representa a cerca de mil 700 jueces en todo el país, así como con los representantes de los dos sindicatos de trabajadores del PJF.

La reunión está programada para el viernes 20 de septiembre a las 9:00 horas, en una sede aún por confirmar. Se espera que en este encuentro se aborden los principales puntos de la reforma judicial y su implementación, además de tratar las preocupaciones de los juzgadores y el personal judicial.

Esta decisión podría marcar el fin de una serie de protestas y manifestaciones que se intensificaron tras la propuesta de la reforma. En un acto sin precedentes, integrantes del Poder Judicial irrumpieron en la Cámara de Senadores, buscando frenar su aprobación. A pesar de estas acciones, la reforma fue avalada por el Congreso y puesta en marcha oficialmente a mediados de septiembre.

En paralelo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) también decidió retomar sus actividades desde el martes pasado. La ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, sometió a consulta de los 11 ministros del pleno la posibilidad de que el máximo tribunal se pronuncie sobre una controversia constitucional para suspender la reforma. Esta solicitud ha sido presentada por distintos juzgadores que consideran la medida inconstitucional y buscan frenar su aplicación.

Con el reinicio de las actividades en los juzgados y la Corte, se espera que el Poder Judicial del país defina los próximos pasos en la implementación de la reforma, mientras persisten los cuestionamientos sobre su legalidad y las posibles implicaciones para la independencia judicial en México.