Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, presentó oficialmente este nuevo organismo que sustituye a la Secretaría de la Función Pública. La medida, que se desprende de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, busca fortalecer la lucha contra la corrupción y mejorar el impacto en la vida cotidiana de los mexicanos.

Durante el anuncio, Buenrostro explicó que la creación de esta secretaría parte de los principios establecidos en la Cuarta Transformación, iniciada por Andrés Manuel López Obrador. “Queremos cambiar la mística de la Secretaría de la Función Pública para tener un impacto real en la vida de los mexicanos”, afirmó.

Uno de los ejes principales es la separación del poder político y el poder económico, según indicó Buenrostro. En este sentido, subrayó que el gobierno actual trabaja para el beneficio del pueblo, evitando favorecer a las clases más privilegiadas.

Entre los pilares clave de la nueva secretaría, se encuentran la politización de la ciudadanía, la eliminación de la condonación de impuestos, la entrega directa de los programas sociales sin intermediarios y la austeridad republicana. Buenrostro enfatizó que todos los servidores públicos deben trabajar por el bienestar del pueblo, bajo el principio de "piso parejo". “No puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre”, aseguró.

En su intervención, la funcionaria destacó la importancia de erradicar la corrupción, ya que esta no solo destruye el Estado de derecho, sino que también inhibe las inversiones, disminuye la eficiencia de las instituciones y genera desigualdad en la sociedad. Según Buenrostro, las acciones emprendidas hasta ahora han permitido una disminución del 11 por ciento en la tasa de corrupción, junto con una mejora en la percepción de este problema entre los ciudadanos.

Además, Buenrostro presentó 10 pilares para la prevención y el combate a la corrupción:

Dignificar la carrera del servidor público.
Impulsar que la función pública sea vista como una actividad respetable y esencial para el desarrollo del país.

Acompañamiento preventivo a las instituciones.
Blindar desde el inicio los programas prioritarios para evitar que sean vulnerables a la corrupción.

Modernización de la administración pública.
Utilizar herramientas tecnológicas y modernización de procesos para dificultar los actos de corrupción.

Compras públicas transparentes.
Consolidar un sistema de adquisiciones públicas basado en la transparencia para evitar manipulaciones o favoritismos.

Transparencia proactiva.
Fomentar la publicación de información sin que esta sea solicitada, asegurando que los ciudadanos puedan acceder a datos clave de manera más ágil.

Involucrar a la sociedad y al sector privado.
La participación activa de todos los sectores es esencial para combatir la corrupción de manera integral.

Enfocar a los Órganos Internos de Control (OIC) en áreas prioritarias.
Optimizar los recursos de los OIC para que se centren en las áreas donde el impacto sea mayor.

Fortalecer la cultura de la denuncia.
Incentivar a la ciudadanía y a los servidores públicos a denunciar actos de corrupción, garantizando siempre la confidencialidad.

Investigaciones robustas.
Promover investigaciones detalladas y exhaustivas que inhiban la corrupción antes de que ocurra.

Combate a la impunidad.
Asegurar que los responsables de actos de corrupción sean sancionados, cerrando el paso a la impunidad.

Buenrostro subrayó que estos pilares tienen como objetivo fortalecer la confianza en las instituciones y reducir la desigualdad. Además, señaló que el combate a la corrupción no solo se trata de sancionar, sino de prevenir, evitando que las condiciones para que ocurra estén presentes desde el inicio.