El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Luis González Alcántara Carrancá, presentó un proyecto de resolución para invalidar parcialmente la reciente reforma judicial. La propuesta, publicada el 28 de octubre, sostiene que el método de elección popular de jueces y magistrados compromete principios constitucionales y atenta contra la independencia judicial.

El proyecto responde a una acción de inconstitucionalidad presentada contra la reforma judicial, promulgada el pasado 15 de septiembre. Esta iniciativa, que causó rechazo entre trabajadores del sector, incluía la creación de Comités de Evaluación responsables de conformar listas de candidatos para los cargos de jueces y magistrados.

González Alcántara argumentó que la elección directa de estos funcionarios es inconstitucional, ya que no cumple con los principios democráticos esenciales en la división de poderes. “La nominación de candidatos para jueces y magistrados no garantiza los mínimos indispensables en un sistema democrático que proteja la independencia judicial”, afirmó en su proyecto. Asimismo, rechazó que el despido de juzgadores, bajo esta nueva modalidad, sea válido, pues afecta el derecho a un empleo seguro y la autonomía judicial.

Críticas a la reforma y antecedentes del ministro

Juan Luis González Alcántara Carrancá, integrante de la Primera Sala de la SCJN y con una amplia trayectoria en derecho, académica y en el sector público, fue nominado a la Corte en 2018 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. En diversas ocasiones, el expresidente mostró descontento con algunas resoluciones de González Alcántara, especialmente por su oposición a la desaparición de fideicomisos del Poder Judicial y al traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena.

Este proyecto representa uno de los puntos más debatidos de la reforma al Poder Judicial, pues busca revertir modificaciones que han sido criticadas por gremios de jueces y trabajadores, quienes ven en la elección popular de estos cargos una amenaza a la independencia y profesionalismo del sistema judicial.