¡Síguenos!Exigen la cancelación de la megaplanta y atención inmediata del Gobierno federal.
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La madrugada de este lunes, comunidades indígenas mayo-yoreme agrupadas en el colectivo ¡Aquí No! tomaron de manera pacífica e indefinida el acceso principal de la planta de amoniaco de Proman, ubicada en la bahía de Ohuira, en Sinaloa. Los manifestantes sostienen que la operación del proyecto implicaría la desaparición de un área natural protegida y el desplazamiento de pueblos originarios asentados en la región.
Desde las 4:00 horas fueron instaladas carpas en el lugar como parte de un plantón permanente. El gobernador indígena de Ohuira y vocero del movimiento, Felipe Montaño Valenzuela, aseguró que permanecerán en el sitio hasta obtener una respuesta del Gobierno federal.
Para las comunidades indígenas de Ohuira, Lázaro Cárdenas, Paredones y Juan José Ríos, ubicadas en la zona de Topolobampo, la acción representa un hecho histórico. Señalan que es la primera ocasión, en más de 12 años de resistencia contra la construcción de la planta de Gas Petroquímica de Occidente (GPO), filial mexicana de Proman, que mantienen ocupada de manera indefinida la entrada de las instalaciones.
Montaño afirmó que no permitirán el ingreso de personas a la planta y recordó que la semana pasada sostuvo reuniones con la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, así como con la titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Mariana Boy.
De acuerdo con el dirigente indígena, entre 150 y 200 integrantes de las comunidades mayo-yoreme participan en la ocupación intermitente del acceso. Portan la bandera blanca del colectivo ¡Aquí No! y demandan ser atendidos por autoridades federales. Aclaró que actualmente no existe contacto con la empresa.
La principal exigencia es la cancelación y clausura de la megaplanta, cuyo avance alcanza 88 %. También solicitan la reparación de daños ambientales en la zona, donde denuncian la tala de manglares y el relleno de 28 hectáreas de humedales.
Las comunidades sostienen que la afectación alcanza a la bahía de Ohuira y al humedal Santa María-Topolobampo-Ohuira, reconocido como sitio Ramsar de importancia internacional. Además, rechazan que el proyecto sea trasladado a otra región de Sinaloa y cuestionan la postura de GPO, que lo presenta como una iniciativa de desarrollo económico y sustentable.
Mientras Semarnat y Profepa han informado sobre estudios ambientales y revisiones normativas para determinar el futuro del proyecto, los manifestantes consideran que los daños son evidentes y urgentes.
La resistencia de los pueblos mayo-yoreme se remonta a 2014. En 2022 el caso llegó a la SCJN, dentro de una disputa relacionada con el derecho a la consulta indígena. Según el movimiento, también existen alertas internacionales sobre los riesgos ambientales y sociales de la megaplanta, la cual podría impactar el ecosistema del que dependen diariamente 6 mil 600 personas en la región de Topolobampo.
