Por mayoría y con los votos en contra del PRI Y de la Coalición Por Puebla Al Frente, se aprobó que se analicen, a través de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, los dictámenes de las cuentas públicas del poder Ejecutivo con fechas del 1 de enero al 31 de octubre de 2016 y del 1 de noviembre4 al 31 de diciembre de 2016.

 

Los argumentos presentados por la diputada Olga Lucía Romero Garci-Crespo para que se analicen las cuentas del 2016 y 2017, destaca el Informe de Resultados de la Fiscalización de la Cuenta Pública de fecha 15 de febrero de 2017, la Auditoría Superior de la Federación detectó diversas irregularidades en la cuenta pública del ejercicio correspondiente al año 2015, hasta por 4 mil 570 millones de pesos, además de las irregularidades por más de 1 mil 75 millones de pesos que el mismo organismo detectó y observó en el 2011 y en el 2014 donde se hicieron constar diversas irregularidades derivadas de obras ejecutadas con sobrecostos, así como por obras que se pagaron y no se acreditó su existencia.

 

Recordaron que dichos sobrecostos y observaciones se dieron en las obras más cuestionadas de la administración de Rafael Moreno Valle como el Museo Internacional Barroco, el segundo piso de la autopista México-Puebla, el estadio Cuauhtémoc, el Proyecto Arqueológico Cholula y la Línea 2 del Sistema de Transporte Articulado.

 

Olga Lucía Romero Garci-Crespo recordó que, en toda obra federal, como las citadas, existen recursos del orden federal, así como del estatal, por lo que resulta extraño que la Auditoría Estatal no haya emitido observación alguna, cuando la federación sí lo acreditó y abundó que fue dicho órgano federal señaló que existen observaciones por 263 millones de pesos y un subejercicio de 253 millones 900 mil pesos en la cuenta pública del ejercicio 2016.

 

En ese mismo año, en gasto federalizado se establecieron 110 observaciones por parte de la Auditoría, sin embargo, solo se solventaron un total de 48 y quedan pendientes 62. De igual forma se detalla que del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, el gobierno el estado no solventó el ejercicio de 19 millones 200 mil pesos, mientras que, en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, al Estado de Puebla le observaron 17 millones 400 mil pesos.

Por su parte, Emilio Maurer Espinosa resaltó el sobre costo que registraron las innumerables obras sin utilidad social y más bien, conocer la verdad sobre los recursos ejercidos por el exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas.

 

En tanto, el diputado Gerardo Islas Maldonado aseguró que no existe nada oculto y en las dos administraciones donde él se desempeñó como Secretario de Desarrollo Social, y así ocurrió en el resto de las dependencias de los gobiernos de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad, pues le han dado crecimiento a Puebla.

 

La diputada Vianey García exhortó a sus compañeros a ya no defender lo indefendible, pues, existen evidencias, no solo en los periodos del 2016 y 2017, de los sobre costos ejercidos en obras no prioritarias como el Teleférico.

 

Gabriel Biestro Medinilla advirtió que este tema no es un “caso juzgado”, es un asunto administrativo, no se trata de una sentencia, es un dictamen.

En su oportunidad el diputado Uruviel González Vieyra dijo que este asunto es una ilegalidad y más bien se trata de una venganza política, pues la Constitución Política defienden claramente el principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo motivo y advirtió que, con un amparo ante la autoridad judicial, se va a echar abajo esta pretensión.

 

Por su parte, el diputado Javier Casique Zárate sostuvo que este dictamen responde a un espíritu de revancha y de garrote político, pues no puede echarse abajo las acciones realizadas por los diputados de la anterior legislatura.

 

Finalmente, José Juan Espinosa refirió que con estas acciones se está dignificando el Poder Legislativo con respaldo en la Ley Orgánica y en la Constitución del Estado, además de recordar que el gobierno de Rafael Moreno Valle violó la Ley de Disciplina Fiscal aprobada en el 2016, donde se establecía con claridad que los fideicomisos y proyectos con aportaciones privadas, deberían considerarse deuda pública, lo cual no ocurrió en el caso de Puebla, donde existe una cantidad de miles de millones de pesos oculta, pero que pronto saldrá a la luz.