El Congreso del Estado de Puebla rechazó la solicitud que presentaron los ayuntamientos de Domingo Arenas, Ixcaquixtla y Hueytamalco, para implementar el cobro del derecho de alumbrado público (DAP), debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no ha resuelto si este es constitucional o no.

La decisión se tomó en el interior de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, donde el área jurídica del Poder Legislativo informó a los diputados que las dos acciones de inconstitucionalidad que enfrenta esa medida recaudatoria, vigente en 141 municipios del total de 217, está bajo revisión de la SCJN.

“En tanto no resuelva la Suprema Corte de Justicia si es constitucional o no, no vemos caso de dictaminar y presentar al pleno y obsequiar innecesariamente nuevas imposiciones de derechos a tres municipios”, señaló el presidente de dicha comisión, el diputado por PRI Jorge Estefan Chidiac.

Aclaró que el trámite de las solicitudes de los tres municipios se reactivará sólo en caso de que el máximo tribunal de justicia del país declare constitucional el cobro que aprobó el Congreso para el año 2022.

El tema llegó al alto tribunal por las acciones de inconstitucionalidad que promovieron la Comisión de Derechos Humanos del estado (CDH) y la Comisión Nacional de Derecho Humanos (CNDH), identificadas con la clave de expediente 9/2022 y 22/2022, respectivamente.