¡Síguenos!El coordinador nacional de Protección Civil, David León, informó hoy de que la Secretaría del Bienestar y el Instituto Nacional de Migración (INM), a cargo de Tonatiuh Guillén, serán los encargados de atender la emergencia. La primera para entregar y controlar los recursos y la segunda para hacerse cargo del nuevo albergue techado que ocupan los migrantes centroamericanos en Tijuana, tras la clausura del primero debido a cuestiones sanitarias.
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El nuevo Gobierno de México, encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, busca tomar control de la situación de emergencia que vive la caravana migrante que con más de seis mil centroamericanos está apostada en la fronteriza cuidad de Tijuana desde hace tres semanas.
La decisión forma parte de la estrategia de López Obrador para no entregar recursos en directos a las entidades y los municipios, para no fomentar su mal uso y en cambio supervisar su aplicación mediante “delegados estatales”, quienes vigilarán en que planes y programas se aplican.
En Tijuana, a las afueras del primer albergue, en la unidad deportiva Benito Juárez, de la zona norte, unas 300 personas mantuvieron su campamento en las calles aledañas debido a que no aceptaron ser trasladas al albergue denominado “El Barretal”, sitio en el que las autoridades informaron hay dos mil 385 personas y el cual tiene capacidad para unas siete mil 500.
A pesar de que las autoridades locales aseguraron que la mayoría de los seis mil migrantes aceptaron su cambio al segundo albergue, de al menos tres mil no conocen su paradero aunque creen que se han movido a casas de migrantes administradas por religiosos.
Según información de la organización Pueblo Sin Fronteras, este domingo unos 25 hondureños, entre ellos 10 adultos y el resto menores, cruzaron la valla fronteriza por la zona de Playas de Tijuana y se entregaron a las autoridades estadounidenses.
Según datos de autoridades mexicanas, unos nueve mil centroamericanos llegaron al país a partir del 19 de octubre en distintos grupos, de los cuales más de siete mil arribaron a Mexicali y Tijuana, estado de Baja California, para pedir asilo en Estados Unidos y dos mil se ubican en otras parte del país.
