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Más de 2 mil empleados de la judicatura, entre ellos 600 magistrados, han promovido juicios de amparo en contra de la reforma a los artículos 75 y 127 de la Constitución impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador que propone que ninguna persona dentro de la administración pública gane más que el jefe del Ejecutivo.
De acuerdo con el diario El País, los funcionarios han impugnado las normas generales pues las consideran violatorias a los derechos humanos, además, afirman, la reforma es contraria al orden constitucional.
Como parte de las medidas de austeridad anunciadas por el nuevo Gobierno, el Presidente López Obrador recortó en un 40 por ciento su sueldo y lo fijó en 108 mil pesos mensuales para que ningún servidos público pudiera ganar más que él.
Al conocer la medida, diversos magistrados de todo el país expresaron su inconformidad e iniciaron procesos legales para que su sueldo no viera afectado a partir del 1 de enero, fecha en la que entra en vigor el presupuesto 2019.
La magistrada Sonia Rojas, de Sinaloa, fue una de las primeras personas en promover un amparo. Su demanda fue aceptada en un tribunal.
Según El País, hasta el pasado viernes 30 de noviembre se habían promovido 440 juicios que incluyen a 2 mil 94 quejosos, entre ellos 291 jueces y 323 magistrados de circuito. Se estima que la cifra aumentará entre los mil 429 puestos más altos de la judicatura: ministros de la Suprema Corte, magistrados y jueces de distrito, consejeros de la judicatura y magistrados electorales.
Los demandantes piden a los jueces de distrito que se declaren impedidos y pidieron a los Tribunales Colegiados que soliciten a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraer el caso para ponderar la constitucionalidad de la reforma.
