¡Síguenos!Juan Carlos Perla narra que pasó su primera noche en Estados Unidos en una fría celda subterránea del servicio de inmigración con otras 21 personas en el cruce fronterizo más activo del país. La luz estaba siempre prendida. El espacio era tan reducido que se tiró a dormir sobre un tapete junto a un inodoro.
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Este salvadoreño de 36 años logró reunirse pronto con su esposa y sus tres hijos de entre seis años y diez meses, quienes estaban en otra celda, y la familia regresó a Tijuana, del lado mexicano de la frontera, para esperar aquí que su pedido de asilo fuese considerado en San Diego. Fueron una de las primeras familias que tuvieron que lidiar con un radical cambio de política de Estados Unidos que obliga a quienes piden asilo a que esperen en México mientras se tramita su solicitud.
Visiblemente nervioso, Perla dijo que no acudirá a la vista y prefiere radicarse en México.
“Nuestro temor es que perdamos nuestro caso y seamos deportados” a El Salvador, expresó Perla. “Eso sería un suicidio para mí, mi esposa y mis hijos”.
Perla dijo a un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (conocida por sus siglas en inglés, CBP) que él y su familia dejaron la pequeña panadería que tenían en San Salvador porque no pagaron un mes la extorsión que les cobra la pandilla de la Calle 18. Le dieron una paliza y amenazaron con matarlo a él y a su familia si no hacían el siguiente pago, de acuerdo con una transcripción de la entrevista.
Si la experiencia de su familia es un buen indicio, la nueva política podría estar teniendo el impacto deseado por el Gobierno estadounidense de desalentar los pedidos de asilo, los cuales contribuyen a agravar la acumulación de casos pendientes --hay más de 800 mil--, que hacen que la gente espera a veces por años que sus solicitudes sean procesadas.
Funcionarios del Gobierno quieren evitar solicitudes sin méritos y liberar jueces para que consideren los casos más meritorios.
Un juez federal de San Francisco programó una vista para el 22 de marzo para analizar una solicitud de activistas que quieren que se suspenda esa práctica.
El cambio se está implementando de a poco. Solo 240 personas fueron devueltas de San Diego a Tijuana en sus primeras seis semanas. El Gobierno amplió sus “Protocolos de Protección del Migrante” el lunes para incorporar un segundo puesto fronterizo, el del Calexico, California, y las autoridades dicen que en el futuro se aplicará en todos los cruces.
La nueva política coincide con un aumento en los pedidos de asilo de familias de Guatemala, Honduras y El Salvador que llegan a la frontera sur de Estados Unidos.
Se instruyó a los agentes de la Patrulla de Fronteras de San Diego que se enfoquen en las personas latinoamericanas, que hablan español, según un informe interno obtenido por la Associated Press. El memo dice que hay que hacer excepciones con las mujeres embarazadas y con los miembros de la comunidad LGBT. El Gobierno estadounidense siempre ha dicho que también se exime a los mexicanos y a los menores que viajan solos.
La espera en Tijuana es un traspié inesperado para quienes piden asilo, que pensaban ser liberados en Estados Unidos y aguardar allí el desenlace de sus solicitudes. En México no tienen las conexiones familiares de Estados Unidos y algunos dicen que no se sienten a salvo.
Selvin Alvarado, su compañera y sus hijos de relaciones previas permanecieron en un refugio de Tijuana por unas seis semanas a la espera de que su nombre fuese incluido en una lista de personas que piden asilo en Estados Unidos en el cruce de San Diego. Para ganar dinero, Alvarado descargó azulejos de un camión mientras su compañera cuidaba a los hijos, de diez y siete años.
Después de pedir asilo, Alvarado fue separado de su familia y encerrado en una celda para hombres que tenía encendidas siempre lámparas fosforescentes, lo que hacía que perdiesen la noción del día y la noche. Al día siguiente le dijo a un funcionario de la CBP que sentía “temor de los grupos paramilitares en Honduras” y que se había ido con su familia después de enterarse de que el capataz de la granja colectiva donde trabajaba estaba robando dinero y que lo habían amenazado con matar a uno de sus hijos, de acuerdo con una transcripción de su entrevista.
Alvarado, de 29 años y quien trae consigo informes policiales y otros documentos que constatan las amenazas recibidas en el trabajo, fue enviado de vuelta a Tijuana con su hijo de 10 años mientras su esposa y su hijo eran liberados en Estados Unidos y se instalaban en la casa de un primo de Alvarado en Houston. Dice que en Tijuana no puede trabajar porque no tiene quién cuide a su hijo.
Las penurias de muchos migrantes se agravan por la escasez de asesoría legal. Los agentes de aduanas ofrecen una lista de potenciales asesores legales, pero Alvarado dice que cuando llama a esas organizaciones no recibe respuesta. Al Otro Lado, una agrupación de Los Ángeles que tiene una oficina en el centro de Tijuana, le explicó por encima cómo funciona el trámite de asilo en Estados Unidos pero no le ofreció asesoría individual.
A los abogados especializados en casos de inmigración de Estados Unidos les resulta difícil ofrecer asesoría a personas del otro lado de la frontera.
Los letrados del Proyecto Justicia en la Inmigración del Colegio de Abogados de Estados Unidos, con sede en San Diego, no pueden viajar a México para dar asesoría sin tener seguro y licencia para ejercer en este país, de acuerdo con Adela Mason, directora de la agrupación.
Las Caridades Católicas de la diócesis de San Diego tuvieron que hacer a un lado los temores en torno a su seguridad y el hecho de no tener licencia.
“Es un tema delicado ir allí y dar asistencia legalmente”, explicó Nadine Toppozada, directora de los servicios para refugiados e inmigrantes que ofrece esa organización.
Las vistas preliminares de los pedidos de asilo en el centro de San Diego se programan dentro de un plazo de 45 días y funcionarios del gobierno dicen que esperan poder tramitarlas rápidamente. Cuando llega el día de la vista, las personas que piden asilo deben presentarse en la frontera para recibir un permiso temporal que los habilita para abordar un autobús que los lleva al juzgado.
El doctor Juan Ramón Molina, médico del valle de Nacaome, en Honduras, dijo a una gente de la CBP que fuerzas del gobierno trataron de secuestrarlo dos veces por su militancia en un partido de oposición y que no pidió asilo en Guatemala o México porque su familia está en Estados Unidos. Indicó que tiene parientes en Los Ángeles, Houston, Chicago, Detroit, Washington, Miami y Virginia Occidental.
Molina, de 35 años, ha estado buscando ayuda legal en un refugio para migrantes de Tijuana con miras a su cita del 8 de abril. Dice que teme que sus adversarios políticos lo localicen. Indicó que es mejor estar detenido en Estados Unidos, donde pasó dos días en una celda en un sótano de San Diego que estaba atestada y fría.
“El trato fue inhumano”, sostuvo.
Antes de aceptar volver a México, Perla había conseguido que un pastor de Berkeley, California, le diese una habitación y había encontrado ayuda legal y una escuela para sus hijos. En Tijuana su familia vive en una carpa adentro de un refugio para migrantes.
"Mi caso es una causa perdida”, se lamentó.
