¡Síguenos!El presidente ha dicho en repetidas ocasiones que está considerando cambiar la constitución para revertir la apertura del país a los inversores extranjeros
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Un paso histórico dado en 2014 bajo la administración anterior que puso fin a más de 75 años de monopolio estatal en el sector energético.
El "objetivo claro de López Obrador es cambiar las reglas del juego para que el estado una vez más tenga la ventaja y pueda dictar los términos en los que el dinero privado ingresa al sistema", dijo Duncan Wood, director del Instituto de México del Wilson Center. “Todo apunta a que quiere cerrar el sistema nuevamente”.
'Gran golpe'
Las cancelaciones y las inversiones estancadas están presionando a los mexicanos que contaban con proyectos de este tipo para generar empleo y crecimiento, ya que la economía enfrenta su mayor contracción en casi un siglo.
Cuando la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se negó a suministrar gas para la central eléctrica planificada de Iberdrola de mil 200 millones de dólares en Tuxpan, la ciudad portuaria veracruzana sufrió un "gran golpe", indicó el alcalde Juan Antonio Aguilar Mancha.
“Esta fue una inversión importante que iba a generar más de 2 mil puestos de trabajo, que iba a dar nueva vida a nuestra región, nuestra ciudad”, afirmó Aguilar Mancha, miembro del PAN.
Dos años después de su administración, la estrategia de AMLO para la industria energética contrasta con su enfoque conservador de gran parte de la política económica del Gobierno, desde ajustar el presupuesto hasta apoyar un nuevo acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá.
Luego de un compromiso para revivir a Pemex y a la CFE, López Obrador está jugando cada vez más duro con las empresas privadas, particularmente con los grupos extranjeros. Los cambios regulatorios y los retrasos en los permisos se encuentran entre las medidas implementadas para sofocar la competencia. El presidente también ha calificado públicamente a Iberdrola y al explorador petrolero Repsol como monopolios virtuales.
Fuerte acumulación
La acumulación de proyectos estancados se ha disparado drásticamente desde que López Obrador asumió el cargo. Seis meses antes de su inauguración, había menos de 30 proyectos retenidos más allá de la ventana legal.
A mediados de octubre de este año, esa cifra era de alrededor de 200, aproximadamente la mitad de los cuales se solicitaron en 2019, meses antes de que surgiera el COVID-19. Desde octubre, los reguladores han dado luz verde a algunos proyectos, pero no han revelado la escala de las aprobaciones.
Como resultado, el clima de inversión energética de México se está deteriorando rápidamente. Durante su primer año en el cargo, la inversión extranjera directa en todo tipo de proyectos energéticos se desplomó en más de un 60 por ciento a 2 mil 250 millones de dólares, mostraron cifras de la Secretaría de Economía.
En los primeros tres trimestres de 2020, se desplomó a 1.3 mil millones de dólares.
Los inversionistas ahora dudan mucho sobre comprometer dinero en México debido a preocupaciones sobre el estado de derecho y la falta de independencia regulatoria, dijeron dos ejecutivos que no quisieron ser nombrados por temor a represalias del Gobierno.
